¿QUÉ ES LO QUE
PERMITE EL DECRETO 1182?
El
presente decreto legislativo tiene por objeto fortalecer las acciones de
prevención, investigación y combate de la delincuencia común y el crimen
organizado, a través del uso de tecnologías de la información y comunicaciones
por parte de la Policía Nacional del Perú.
Además,
permite a la Policía Nacional del Perú, sin necesidad de una orden judicial,
solicitar a las operadoras de telecomunicaciones la localización y
geolocalización de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos
móviles, a fin de obtener la ubicación de una persona que cometió algún delito,
así como su identidad.
Debe
ser un delito cometido en flagrancia y que conlleve a una pena de más de cuatro
de prisión. Asimismo, el acceso a la información de localización debe ser
considerada necesaria para la investigación policial.
Las
empresas de telefonía están obligadas a dar la información requerida por la
Policía en un plazo de 24 horas. Luego de ello, la solicitud será validada por
un juez.
La
ley también ordena a las empresas de telefonía conservar los datos derivados de
las telecomunicaciones (duración, destino, llamadas realizadas) de todos sus
usuarios por 36 meses para permitir que esa información esté disponible para la
Policía Nacional del Perú.
La
coordinación para la solicitud de la información sería realizada por la División
de Investigación de Alta Tecnología (Divindat), que pertenece a la Dirección de
Investigación Criminal (Dirincri).
El
Decreto Legislativo excluye expresamente cualquier tipo de intervención de las
comunicaciones. Al respecto, el viceministro de Orden Interno, general PNP. Mauricio
Medina Guimaraes, indicó a La República que la norma es únicamente para ubicar
geográficamente un aparato y no se permite acceso a las comunicaciones.
“Nada
tiene que ver que con la escucha legal, ni las interceptaciones telefónicas
ordenadas por un juez”, precisó al rotativo.
La
finalidad del presente decreto legislativo es regular el acceso de la unidad
especializada de la Policía Nacional del Perú, en casos de flagrancia
delictiva, a la localización o geolocalización de teléfonos móviles o
dispositivos electrónicos de naturaleza similar.
La
unidad a cargo de la investigación policial solicita a la unidad especializada el
acceso inmediato a los datos de localización o geolocalización de teléfonos
móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza similar, siempre que
concurran los siguientes presupuestos:
1.
Cuando
se trate de flagrante delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
259 del Decreto Legislativo Nº 957, Código Procesal Penal.
2.
Cuando
el delito investigado sea sancionado con pena superior a los cuatro años de
privación de libertad.
3.
El
acceso a los datos constituya un medio necesario para la investigación.
La
unidad a cargo de la investigación policial, una vez verificados los supuestos
del artículo precedente, pone en conocimiento del Ministerio Público el hecho y
formula el requerimiento a la unidad especializada de la Policía Nacional del
Perú para efectos de la localización o geolocalización.
Incautaciones
a bandas de extorsionadores.
Dentro
de la delegación de facultades por parte del Congreso, el Gobierno aprobó el Decreto
Legislativo 1182, que busca apoyar a la Policía Nacional del Perú en la lucha
contra la criminalidad organizada, como extorsionadores. Sin embargo, la
iniciativa que permitirá a los agentes del orden localizar a un teléfono
celular, ha sido el blanco de las críticas de un sector.
¿CUÁNTO TARDA ACTUALMENTE
LA POLICÍA EN ACCEDER A LA INFORMACIÓN?
La
norma busca reducir drásticamente los 90 días de espera que tardaba la
autorización judicial para hacer que las empresas de telefonía entreguen la
información a la Policía Nacional del Perú, indicó Medina.
Cuando
ocurre un delito de extorsión vía telefónica, la Policía solicita al fiscal de
turno y al juez autorización para ubicar el celular o dispositivo desde donde
se realizó la comunicación. Después de un largo proceso salía la autorización,
pero en ese plazo el delincuente ya ha cambiado el teléfono o chip, lo que
dificultaba su captura.
CRÍTICOS Y DEFENSORES
DEL DECRETO LEGISLATIVO
Algunas
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como Hiperderecho, se han expresado en
contra del Decreto Legislativo 1182 porque argumentan que el procedimiento abre
una ventana peligrosa, informa.
El
abogado Erick Iriarte indicó que lo más controvertido de la ley es el
almacenamiento de los datos derivados de las llamadas y el procedimiento para
la localización de los equipos sin autorización de un juez.
“Aunque
el juez revoque la medida luego, los datos y la ubicación ya podrán haber sido
obtenidos por la PNP y (el decreto) no dice qué se puede o debe hacer con
ello”, precisó el abogado al rotativo.
Consideró
que si bien no se vulnera el secreto a las comunicaciones, podría derivar en un
abuso por parte de la Policía. “Se podrían pedir solicitudes a los operadores
solo para ir tanteando, vulnerando así los derechos fundamentales”.
Por
su parte, el constitucionalista Enrique Bernales sostuvo que la figura es
complicada y “hay que estudiarla con mayor detenimiento porque podría tener
implicaciones limítrofes”. “Podría implicar abusos por parte del Estado”.
Sin
embargo, el congresista y exministro del Interior Octavio Salazar defendió la
medida al considerar que cuando se dan extorsiones y secuestros, se requiere
localizar el teléfono utilizado por los delincuentes.
El
legislador Fernando Andrade también defendió la iniciativa. “Guardar la
información es para que los jueces puedan utilizar esa información para dictar
sentencias permanentes rápidamente. No podemos quitarnos las herramientas que
nos van a defender”, precisó al medio.
CONCLUSIÓN:
Hoy
en día la delincuencia está avanzando a niveles ya escalofriantes en nuestra
sociedad, lo que es imperativo que existan nuevas formas de mejorar la
seguridad en cuanto a peligros como extorsiones, bandas delincuenciales y
Organizaciones encargas del TID mediante, hoy por hoy que es indispensable el
uso de celulares “SMARTPHONES” en nuestra vida social, ya sea para tener vida
social internet, Facebook, Twitter y otras redes sociales, por ello puede ser
usado como un arma contra los ciudadanos mediante ilícitos, concluyo
mencionando que la presente ley permitirá frenar la delincuencia en muchos
casos organizada asimismo castigar a las personas no autorizadas invadan la
vida privada violando la libertad en la telecomunicaciones
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